“Nos quedamos cortos con las cifras”: Oyarzo advierte que ingreso de niños haitianos sería mucho mayor al reportado

​El exdiputado y expresidente de la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara, Rubén Oyarzo (Partido Radical), volvió a encender las alertas en torno al caso de los niños haitianos ingresados a Chile mediante vuelos privados, asegurando que la magnitud del fenómeno podría ser muy superior a la conocida hasta ahora. “Nos quedamos cortos con las cifras, no son 200. 

Por lo menos, por cada chárter que llegaba, ingresaban 100 niños”, afirmó el exparlamentario, recordando una fiscalización realizada en octubre de 2025 a una aeronave proveniente de Haití que presentaba inconsistencias respecto de sus pasajeros y propietarios. Según detalló, los antecedentes recopilados en aquella oportunidad fueron remitidos a la Contraloría General de la República, destacando el trabajo realizado por el organismo fiscalizador. “Si no fuera por el trabajo que hizo la contralora, hoy no estaríamos hablando de este tema”, sostuvo.

​Las advertencias que, según Oyarzo, fueron ignoradas

El exlegislador recordó que en abril de 2025, cuando presidía la Comisión de Gobierno Interior, se desarrolló una sesión especial destinada a revisar el ingreso de menores haitianos mediante el programa de reunificación familiar.

​A la instancia asistieron el entonces director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer Ojeda; la prefecta de la PDI, Consuelo Peña; y el entonces ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quienes defendieron la legalidad de los procedimientos aplicados.

​“Dijeron que todo estaba en forma correcta, pero hoy vemos que no era así”, cuestionó Oyarzo.

​Asimismo, señaló que una situación similar ocurrió durante la sesión realizada este miércoles en el Senado, donde representantes de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), del Ministerio del Interior y de la PDI reiteraron que las actuaciones se ajustaron a la normativa vigente.

​“Lo primordial es saber dónde están los niños”

Pese a sus críticas, Oyarzo valoró la creación de una fuerza de tarea impulsada por el Ejecutivo para esclarecer el caso y determinar eventuales responsabilidades. “El Gobierno está actuando de forma correcta. Espero que la Fiscalía haga justicia; si se cometieron horrores o errores, que salga todo a la luz pública y caiga quien caiga”, afirmó. Sin embargo, enfatizó que la principal urgencia es establecer el paradero de los menores involucrados. “La preocupación primordial es saber dónde están los niños. 

El Estado tiene que resguardar sus derechos; eso es lo principal”, manifestó. Consultado por las gestiones realizadas años atrás para flexibilizar ciertos procesos migratorios solicitados por la Embajada de Haití, Oyarzo reconoció haber respaldado dichas solicitudes debido a la grave crisis humanitaria que enfrentaba ese país. “Participé en el grupo de amistad con la Embajada de Haití y nos pidieron flexibilizar por la crisis. 

Yo firmé junto a varios diputados”, explicó. No obstante, marcó distancia respecto de las eventuales irregularidades que hoy se investigan. “Una cosa es facilitar trámites migratorios y otra muy distinta cometer actos de corrupción, falsificar información y permitir el ingreso de niños sin papeles. Aquí se cometieron muchas irregularidades y delitos”, sentenció. En esa línea, sostuvo que podrían haberse vulnerado disposiciones de la Ley de Migraciones N.º 21.325, particularmente su artículo 28, y llamó a llevar la investigación hasta las últimas consecuencias.

​Mulet: “Buscar a los niños es fundamental”

El diputado Jaime Mulet, de la Federación Regionalista Verde Social, también respaldó la creación de la fuerza de tarea y valoró la coordinación entre los distintos poderes del Estado para esclarecer los hechos. “Me parece bien, hay que hacer todo lo posible por investigar a fondo y buscar a los niños que no aparecen. 

Eso es fundamental. Cualquier política pública o gestión del Estado está supeditada al interés superior del niño”, afirmó. El parlamentario calificó los antecedentes conocidos como “muy extraños y dolorosos” y sostuvo que, en caso de comprobarse irregularidades, corresponde aplicar todas las sanciones que establece la ley. “Si se cometieron errores u horrores, sancionar a los responsables administrativos o penales es clave. Esta situación es realmente una brutalidad”, concluyó.