15 de enero de 2026
Economistas cuestionan reajuste al sector público y advierten riesgo fiscal por falta de financiamiento
Expertos calificaron la medida como “populismo fiscal” y alertaron que el aumento aprobado por la Cámara se financiaría con deuda, comprometiendo el equilibrio fiscal y trasladando el costo al próximo gobierno.
La aprobación del reajuste salarial de un 3,4% para el sector público por parte de la Cámara de Diputados generó fuertes cuestionamientos desde el mundo económico, donde diversos expertos advirtieron que la medida carece de financiamiento permanente y podría profundizar el déficit fiscal del país. Durante el programa El Primer Café, economistas coincidieron en que el reajuste representa una carga significativa para las finanzas públicas, ya que su implementación implicaría recurrir al endeudamiento. En ese contexto, acusaron que la decisión traslada el costo fiscal al próximo gobierno encabezado por José Antonio Kast.
El exsubsecretario de Hacienda, Alejandro Micco (DC), calificó la medida como una irresponsabilidad financiera, señalando que “gastos permanentes deben financiarse con ingresos permanentes” y criticó que se pretenda cubrir gasto corriente con deuda. A su juicio, el reajuste responde a una lógica de demagogia y populismo, advirtiendo que este tipo de decisiones “terminan saliendo caras”.
En la misma línea, Macarena García, economista de Libertad y Desarrollo, recordó que el proyecto tendría un costo estimado de 1.775 millones de dólares en 2026, de los cuales 822 millones no cuentan con financiamiento claro, según advirtió el Consejo Fiscal Autónomo. Además, sostuvo que la falta de previsión presupuestaria limita la capacidad del próximo Ejecutivo para reasignar recursos. Por su parte, el exdirector de Presupuestos Matías Acevedo alertó que el país cerraría el año con un déficit fiscal superior al 3% del PIB, enfatizando que el Gobierno debe hacerse responsable de las promesas que realiza.
“Si se ofrece un reajuste, se deben mostrar los recursos para financiarlo”, afirmó.
Las críticas apuntan a que, sin una fuente clara de financiamiento, el reajuste al sector público podría impactar negativamente en otras áreas del gasto social, obligando a futuros recortes o ajustes fiscales para mantener la sostenibilidad de las cuentas públicas.
