Camioneros advierten crisis por alza de combustibles y piden subsidios al Gobierno

​El senador por la región de Valparaíso, Diego Ibáñez (FA), llegó hasta el Palacio de La Moneda junto a dirigentes de la CNDC y AGREPORSAI para reunirse con el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, y el subsecretario de Economía, Karlfranz Koehler. El objetivo: presentar propuestas concretas frente al reciente aumento en el precio de los combustibles, una situación que, según advierten, está poniendo en jaque la continuidad del rubro. En la instancia, pequeños y medianos transportistas que operan en el puerto de San Antonio alertaron sobre la inviabilidad económica de su actividad, marcada por una combinación de factores críticos: tarifas congeladas desde 2022, el alza sostenida del combustible y un sistema de intermediación que reduce sus ingresos.

 A este escenario se suma el último incremento en el precio del petróleo, que —aseguran— agrava aún más la situación. “Los camioneros han planteado la dificultad para operar dado el shock del aumento del precio del petróleo, con el cual arriesgan tremendas pérdidas”, sostuvo Ibáñez, quien además indicó que solicitaron al Ejecutivo subsidios para transportistas con renta presunta de hasta 2.400 UF. Por su parte, el presidente de AGREPORSAI, Manuel Araya, fue enfático: “Con el valor del petróleo no podemos salir a trabajar”. En esa línea, anunció que el próximo lunes sostendrán una reunión ampliada del gremio para definir posibles medidas ante este escenario, que calificó como “un golpe bajo”.

 Infraestructura y seguridad en la mira Durante el encuentro también se abordaron problemas estructurales en los accesos portuarios, donde los transportistas denunciaron deficiencias en la coordinación, fiscalización y seguridad. En particular, apuntaron a falencias en los procesos de mediación y control por parte de la Empresa Portuaria de San Antonio, lo que —afirman— impacta directamente en la operación diaria. Frente a esto, el senador propuso la creación de una mesa de trabajo transversal, que incluya al Ministerio de Transportes, Obras Públicas, la empresa portuaria y los gremios del sector. La iniciativa busca avanzar en medidas urgentes como la actualización de tarifas de porteo, mejores condiciones de pago —actualmente con plazos de hasta 90 días— y una mayor coordinación en los accesos al puerto, con el fin de garantizar seguridad y fluidez en las operaciones.