Expropiar campamentos: el alto costo fiscal que abre el debate tras la mega-toma de San Antonio

​La decisión del Gobierno de expropiar parte de la emblemática mega-toma del cerro Centinela, en San Antonio, ha instalado un intenso debate político y social, en un escenario donde Chile registra más de 1.400 campamentos y cerca de 120 mil familias viviendo en asentamientos informales. Aunque desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) insisten en que se trata de una “situación excepcional”, expertos advierten que la medida podría sentar un precedente complejo.Según un análisis de la Unidad de Investigación de Bío Bío, expropiar terrenos de otros tres macro-campamentos en condiciones similares podría implicar un desembolso fiscal superior a los $20 mil millones.

 El ejercicio considera como referencia el valor aproximado de 0,25 UF por metro cuadrado, cifra aplicada en la expropiación parcial de la toma de San Antonio.De acuerdo con el Decreto Exento N°88 del Minvu, en el caso del cerro Centinela se expropiarán tres paños que suman más de 1,1 millones de metros cuadrados —equivalentes a 110 hectáreas— por un monto cercano a los $11 mil millones. Estos recursos provendrán del Presupuesto 2024, específicamente de proyectos habitacionales no ejecutados en comunas del sur del país.Desde el Gobierno justifican la medida señalando que durante seis meses se intentó llegar a un acuerdo con los propietarios de los terrenos, sin éxito, y que el inminente desalojo ordenado por los tribunales obligó a buscar una salida que evitara una crisis humanitaria mayor. 

Sin embargo, especialistas en urbanismo advierten que este tipo de decisiones podría interpretarse como un incentivo a nuevas tomas de terreno.El debate se da en un contexto donde el fenómeno de los campamentos ha crecido sostenidamente desde 2019, impulsado por el encarecimiento de la vivienda, el aumento de los arriendos y la falta de soluciones habitacionales oportunas. Organizaciones como Techo y Atisba coinciden en que la radicación y regularización deben abordarse con políticas estructurales, para evitar que medidas excepcionales se transformen en regla.Casos como el macro-campamento Alto Molle, en Alto Hospicio, donde habitan cerca de 20 mil personas, evidencian la magnitud del desafío. Allí, una parte importante del terreno corresponde a propiedad privada y cuenta con órdenes de desalojo vigentes, lo que reabre la pregunta clave tras la experiencia de San Antonio: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar el Estado frente a la crisis habitacional?