​A diario se informa por los medios de comunicación de hechos de violencia intrafamiliar, flagelo que -lamentablemente- parece ser una constante en nuestra sociedad. Sin ir más lejos, según estudios, 1 de cada 4 mujeres ha sido víctima de violencia intrafamiliar (VIF) y es en parte a lo que hace frente el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para establecer la reserva de datos personales en causas judiciales sobre violencia intrafamiliar.

​La moción, que cursa su segundo trámite constitucional, será analizada por la Comisión de Familia, Infancia y Adolescencia, y en sus argumentos deja en evidencia que “la violencia intrafamiliar es un grave problema social que afecta a muchas personas en Chile; siendo las mujeres las principales víctimas de este tipo de agresiones”; sin embargo, añade, “(…) en general se puede observar que es un problema extendido en la sociedad chilena”.

​La idea matriz en que se funda esta iniciativa es modificar la Ley de Violencia Intrafamiliar y los procedimientos ante los Tribunales de Familia y Tribunales con competencia en lo Penal, para resguardar a las víctimas de Violencia Intrafamiliar al establecer la reserva, en todo el proceso, de su domicilio, lugar de trabajo o estudio de la víctima.

​Establece la reserva, en todo el proceso, del domicilio, lugar de trabajo o estudio de la víctima. Para dichos fines, modifica la Ley de Violencia Intrafamiliar y los procedimientos ante los tribunales de Familia y juzgados con competencia en lo penal. Así, en estos tribunales se deberá mantener la protección de datos personales en todas las actuaciones que se realicen; al igual que en los registros informáticos a los que tenga acceso la parte denunciada.

​Además, se deberá mantener reserva de esta información en cualquier etapa de la investigación de delitos constitutivos de violencia intrafamiliar. Esto, aun antes de la formalización o al decretar las medidas cautelares necesarias para proteger a la víctima de manera eficaz y oportuna.

​La norma, asimismo, modifica los procedimientos penales y civiles para garantizar la protección de datos personales en casos de violencia intrafamiliar. La idea es que esto no genere una afectación de los derechos del denunciado.