​La norma modifica los procedimientos penales y civiles para garantizar la protección de datos personales en casos de violencia intrafamiliar. La idea es que esto no genere una afectación de los derechos del denunciado.

​El tratado, cuyas negociaciones se iniciaron en 2004, garantiza la consideración del impacto ambiental de las actividades en aguas internacionales y facilita la cooperación entre países en tecnología marina.