​La Comisión de Medioambiente avanza en la discusión del proyecto que fortalece y mejora la eficacia de la fiscalización y el cumplimiento de la regulación ambiental, a cargo de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).

​El texto tiene como objetivo principal fortalecer al organismo mediante la entrega de un marco institucional, que permita hacerse cargo de las falencias y aspectos a mejorar identificados en estos diez años de vigencia, y en el cual se contemplen mecanismos para mejorar el cumplimiento ambiental.

​En virtud de lo anterior, la instancia parlamentaria recibió la exposición de los académicos Pablo Soto y Rosa Gómez, de las universidades Austral y de Los Andes, respectivamente.

​Soto explicó que la finalidad del proyecto no es aplicar más sanciones, sino que hacer cumplir la legislación ambiental. “Eso es radicalmente distinto a tener la intención permanente de sancionar a los regulados”, puntualizó.

​En tanto Rosa Gómez, si bien destacó los beneficios de la norma, dijo que resulta gravitante que se analice con mayor detenimiento la capacidad presupuestaria que va a tener esta entidad. “No podemos pretender una institucionalidad vigorosa, si no se dota de recursos con la fuerza económica necesaria para llevar a cabo sus prácticas”, recalcó.

​En representación del Ejecutivo asistieron la Ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas y la Superintendenta del Medio Ambiente, Marie Claude Plumer.

​Esta última valoró los comentarios de los expertos, al tiempo que relevó la voluntad de diálogo, en el entendido de que todo proyecto es perfectible durante su tramitación.

​La propuesta reafirma y preserva el rol crucial de la SMA en el ámbito de la fiscalización y cumplimiento de la regulación ambiental. Para ello introduce ajustes necesarios en su regulación orgánica con el objeto de mejorar la eficacia y eficiencia de esas funciones.

​De este modo, el cumplimiento ya no quedará vinculado preferentemente al instrumental sancionatorio, sino a un esquema diversificado de instrumentos de cumplimiento que, empleados de manera estratégica y transparente, permitan adaptarse a los distintos tipos de incumplimientos ambientales.

​Asimismo, esta reforma busca subsanar las brechas, dificultades y vacíos que presenta el modelo de fiscalización y cumplimiento, junto con avanzar a un modelo que permita agilizar la toma de decisiones, fije reglas claras para todos los interesados y cumpla efectivamente su finalidad, esto es, dar respuesta oportuna al incumplimiento ambiental.

​Lo anterior, permitirá cumplir con el mandato constitucional de la protección del medio ambiente y la salud de las personas.

​Cabe agregar que la instancia parlamentaria fijó como plazo el próximo lunes 8 de abril para recibir las propuestas de invitados. Una vez que esa ronda de audiencias concluya, se iniciará la votación del proyecto.