Contraloría endurece control sobre gabinete de Kast y advierte sanciones por faltas a la probidad

​La Contraloría General de la República activó un nuevo marco de control sobre el gabinete del presidente José Antonio Kast, tras emitir un instructivo que endurece las exigencias en materia de probidad, transparencia y conflictos de interés. El documento, identificado como IN14/2026 y fechado el 27 de marzo, fue enviado a todos los ministerios y establece obligaciones estrictas para los secretarios de Estado, junto con advertencias explícitas sobre sanciones en caso de incumplimiento. Conflictos de interés: incluso los “potenciales” Uno de los ejes centrales del instructivo es la imparcialidad en la toma de decisiones. 

La Contraloría enfatiza que no solo los conflictos de interés reales son problemáticos, sino también aquellos que puedan ser considerados eventuales. En esa línea, se refuerza el deber de abstención, obligando a los ministros a marginarse de decisiones cuando existan factores que puedan afectar su objetividad, como relaciones personales, familiares, profesionales o incluso vínculos de amistad o enemistad. Declaraciones patrimoniales bajo estricta vigilancia El instructivo también pone el foco en la Declaración de Intereses y Patrimonio (DIP), que debe ser presentada dentro de los 30 días desde el nombramiento y actualizada anualmente. 

 El incumplimiento puede derivar en multas que van desde cinco a cincuenta unidades tributarias mensuales. En casos más graves, si la omisión se prolonga por más de cuatro meses, se configura una falta grave a la probidad que puede terminar en destitución del cargo. Patrimonio e intereses económicos Respecto a los intereses económicos, el documento obliga a los ministros a tomar medidas concretas para evitar conflictos. Entre ellas, delegar la administración de sus activos a terceros o desprenderse de participaciones en empresas vinculadas a sus áreas de decisión. Especial atención se pone en compañías proveedoras del Estado o pertenecientes a sectores regulados, donde la incompatibilidad es más estricta. Lobby y agenda pública bajo registro El control también se extiende a la relación con privados. 

Todas las reuniones, audiencias, viajes oficiales y donativos deben quedar registrados en una agenda pública obligatoria. La omisión de estos antecedentes puede generar sanciones económicas y eventuales responsabilidades administrativas si se detecta información falsa o incompleta. Prescindencia política: límites al rol de los ministros Aunque los ministros forman parte del Gobierno, la Contraloría fija una línea clara respecto a la actividad política. El instructivo prohíbe utilizar el cargo para favorecer o perjudicar candidaturas, así como participar en acciones políticas contingentes dentro del ejercicio de sus funciones. Incluso las declaraciones públicas quedan restringidas a materias propias del cargo, excluyendo opiniones de carácter partidista. Inhabilidades, incompatibilidades y nuevas exigencias 

 El documento también detalla un amplio catálogo de inhabilidades e incompatibilidades, como mantener contratos con el Estado, ejercer como abogados o desempeñar funciones en empresas privadas o entidades financieras. A esto se suma una nueva exigencia: la realización de test de drogas periódicos, cuyos resultados deberán ser públicos. La instructiva fue impulsada por la contralora Dorothy Pérez, quien advirtió que estas disposiciones no son meramente administrativas, sino que forman parte de un control activo y permanente sobre la actuación del gabinete. Con este nuevo marco, la Contraloría busca reforzar la fiscalización del Ejecutivo y elevar los estándares de probidad en el ejercicio del poder.