​A pocos días de cumplir un mes del mega incendio que destruyó más de dos mil viviendas en la comuna de Quilpué, uno de los balances críticos a la fecha sigue siendo el suministro eléctrico, razón por la cual la alcaldesa de la comuna, Valeria Melipillán, apuntó sus dardos a la empresa responsable que aún no ha sido vista en los sectores siniestrados, y debido al cobro por parte de la empresa regional de los medidores en casas damnificadas.

“De todas las urgencias que debimos enfrentar al principio de la emergencia, sabíamos que los servicios básicos eran de las prioritarias, lo que implica negociar con las empresas y apelar a su buena voluntad, lo cual hasta ahora lamentablemente no ha existido. Si bien ha habido noticias sobre facilidades, no es lo que estamos viendo en el territorio respecto al suministro eléctrico. Cumpliremos un mes del mega incendio y aún hay sectores siniestrados que viven sin luz, vecinos que denuncian cobros en la regularización de su conexión, y nulas noticias de la empresa Chilquinta desplegada en Quilpué. Pareciera ser que la empresa eléctrica no ha tomado nota de la compleja situación por la que atraviesa la comuna y de cuán importante es que regularice el servicio con rapidez”, enfatizó la alcaldesa Melipillán. 

​La jefa comunal pidió que sea el Congreso quien se informe al respecto para generar los mecanismos de fiscalización y que garanticen la entrega del servicio básico a las personas. “Ya que no podemos apelar a la empatía de un directorio radicado en China, le pedimos al poder legislativo que tome cartas en el asunto regulando la libertad en la que operan, tomando la ofensiva y ayudando a las familias damnificadas a tener certezas al respecto. Necesitamos que las autoridades con competencia en esta materia estudien y propongan alternativas en el corto plazo. No puede ser que ante una empresa que tiene un control monopólico sobre la distribución eléctrica el Estado quede atado de manos sin poder dar garantías mínimas a las vecinas y vecinos”.

​Vecinos de Pompeya Sur y Población Costa Sol han denunciado que desde la empresa han pasado por las casas cobrando hasta $66.000 por la instalación del nuevo medidor para la luz, que se suma al cobro de las cuentas de agua que han recibido otros vecinos damnificados durante esta semana.

​

​