​Con el fin de fomentar la transparencia y la rendición de cuentas de todas las instituciones que reciban aportes públicos de cualquier tipo; además de prevenir la corrupción y ampliar los mecanismos de participación ciudadana, la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, aprobó en general el proyecto que modifica diversos cuerpos legales en materia de transparencia, fiscalización y probidad de las corporaciones municipales y organizaciones.

​La norma, que se encuentra cumpliendo su segundo trámite constitucional, responde a dos mociones refundidas (14594 y 15523) y contó con el respaldo unánime de los presentes en la instancia parlamentaria, presidida por el senador Esteban Velásquez y, una vez que sea emitido el respectivo informe, será analizado por la Sala.

​La idea matriz del proyecto es exigir transparencia y obligación de rendición a todas las instituciones privadas, con o sin fines de lucro, que reciban aportes, subvenciones, traspasos directos, licitaciones o fondos públicos de cualquier tipo, de parte de Municipalidades, Gobiernos Regionales o Poderes del Estado, con el fin que la Contraloría General de la República pueda fiscalizar todo caudal público entregado a estas entidades.

​En las municipalidades se propone, entre otros, la creación de un Plan de Integridad Municipal que deberá tener un funcionario responsable. Se insta a generar una cultura de integridad e instrumentos de ética, canales de consultas de denuncias, canales de rendición de cuentas, entre otros.

• ​Fortalecimiento de la Unidad de Control Interno, incorporando la auditoria y dependerá administrativamente del alcalde y estará sujeto a la tuición técnica de la Contraloría General de la República, para garantizar su independencia y que cumpla ciertos estándares.
  
• ​Fortalecimiento del rol del Concejo Municipal en materia de fiscalizar el cumplimiento de este Plan.
  
• ​Se establece la obligación de abstención fundada (causales de conflicto de intereses y prevenir conflictos de intereses).
  
• ​Obligación de someter a la aprobación del concejo las modificaciones de contratos por sobre 500 UTM.
  
• ​Se refuerza la cuenta pública del alcalde en temas de integridad y anticorrupción y amplía el plazo de responsabilidad de los alcaldes y concejales (hasta 12 meses luego del cese de sus funciones).
  

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