Presentan plataforma que dispondrá en tiempo real datos de monitoreo atmosférico en Quintero y Puchuncaví

​Monitorear, en red y tiempo real, la calidad del aire en las comunas de Quintero y Puchuncaví, en el marco de un proyecto conjunto entre la academia y el sector público, es el eje central de la Red Pública de Monitoreo Atmosférico Quintero-Puchuncaví, que acaba de presentar la plataforma web que cumplirá la misión de disponer públicamente los datos recogidos por los sensores de última generación instalados en ambas comunas.

​La actividad contó con la presencia del gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, el secretario regional ministerial del Medio Ambiente, Hernán Ramírez, y la directora general del HUB Ambiental de la Universidad de Playa Ancha, Dra. Verónica Molina, y se realizó en tres de los 18 establecimientos educacionales que cuentan con el equipamiento en sus instalaciones: el Liceo Politécnico y la Escuela República de Francia, en Quintero, y la Escuela Básica La Greda, en Puchuncaví.

​La iniciativa se enmarca en el proyecto FIC-R "El HUB Ambiental UPLA, un observatorio ambiental académico para la Región de Valparaíso", adjudicado por la Universidad de Playa Ancha a través de su HUB Ambiental y financiado por el Gobierno Regional de Valparaíso.

​Se trata de un trabajo colaborativo que contempla el apoyo de la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente de Valparaíso y entrega más antecedentes frente a los reiterados eventos de afectación a las personas, asociados a temas atmosféricos, ocurridos durante los últimos años en ambas comunas.

​Para esto, se adquirió vía Circular N°33 del Gobierno Regional, instrumentación de alto rendimiento y rápida respuesta, por un monto cercano a los 800 millones de pesos, el cual permite, a través de sensores, el monitoreo constante de los parámetros previamente determinados, todos los cuales quedarán a disposición de las autoridades y la ciudadanía.

​Lo anterior, en línea con lo que plantea el Acuerdo de Escazú –al cual Chile está adscrito–, el cual insta a los Estados participantes a implementar los derechos de acceso (información, participación y justicia) en temas ambientales.