11 de febrero de 2026
Fiscalía inicia investigación por millonarias irregularidades en fondos del megaincendio en Valparaíso
Los antecedentes, detectados por la Contraloría, apuntan a graves falencias en el proceso de demolición de viviendas siniestradas, comprometiendo más de $1.100 millones en recursos públicos.

El director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, confirmó que el Ministerio Público inició una investigación tras los informes emitidos por la Contraloría General de la República, que detectaron millonarias irregularidades en recursos destinados a la emergencia por el megaincendio de febrero de 2024 en la región de Valparaíso. “Hemos recibido diversos informes de carácter final ejecutados por la Dirección Regional de Arquitectura, los que inciden efectivamente en los lamentables episodios de incendios ocurridos en febrero de 2024 en Valparaíso”, señaló Campos.
De acuerdo con lo informado, los antecedentes dan cuenta de graves irregularidades en el proceso de demolición de cerca de un centenar de viviendas siniestradas, donde estarían comprometidos fondos públicos por una cifra superior —al menos hasta ahora— a los $1.100 millones. “Atendida la gravedad de los antecedentes recibidos y analizados, que pueden constituir eventualmente delitos, estos fueron remitidos a la Fiscalía Regional de Valparaíso para el desarrollo de cada una de las diligencias”, agregó el persecutor.
Observaciones de la Contraloría
Tal como se dio a conocer previamente, los hallazgos se desprenden de cinco informes de auditoría elaborados por el ente fiscalizador, en los que figuran la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, los municipios de Quilpué y Viña del Mar, además de la Dirección Regional de Arquitectura.
Entre las principales observaciones se identificaron pagos no acreditados, gastos improcedentes, eventuales sobreprecios, deficiencias en los procesos de compra y falta de control en la entrega de ayudas a damnificados.
La investigación ahora quedará en manos de la Fiscalía Regional de Valparaíso, que deberá determinar si existen responsabilidades penales asociadas al uso de los recursos públicos destinados a la reconstrucción.








