Nueve meses después de la tregua anunciada en Gaza, el escenario humanitario en la Franja sigue siendo crítico. Aunque el acuerdo contemplaba el alto el fuego, la entrada de ayuda humanitaria, el desarme progresivo de Hamás y la retirada gradual del ejército israelí, la mayoría de esos puntos permanece sin cumplirse. Según autoridades sanitarias gazatíes, más de 1.100 personas han muerto desde el inicio de la tregua, mientras Israel continúa con bombardeos diarios, operaciones selectivas y una ocupación terrestre que reduce cada vez más el espacio disponible para la población civil. Según consigna El País, la oficina de la ONU para los Asuntos Humanitarios (OCHA) alertó además que el acceso al agua potable es hoy una de las mayores preocupaciones de las familias. En medio del bloqueo político, Hamás anunció la disolución de su Gobierno en Gaza, una de las condiciones incluidas en la hoja de ruta impulsada por Washington. Su portavoz, Hazem Qassem, afirmó que el movimiento palestino dio “un nuevo paso al dejar el mando de la Franja”, presentando la decisión como un intento de desbloquear la aplicación del acuerdo. El vocero añadió que con esa medida “eliminamos así cualquier pretexto de la ocupación, que mantiene su agresión y su guerra de exterminio”. Sin embargo, el nuevo comité tecnocrático previsto para administrar temporalmente Gaza aún no ha podido ingresar al enclave, mientras Israel exige que el desarme de Hamás ocurra antes de avanzar en cualquier otra etapa del pacto. La crisis golpea especialmente a la población civil. Desde 2023, las autoridades gazatíes reportan al menos 73.221 fallecidos, cifra que la ONU toma como referencia, con una amplia mayoría de víctimas civiles y un tercio correspondiente a niños. El Ministerio de Sanidad local denunció además que el 70% de las ambulancias está fuera de servicio tras años de asedio. A la emergencia médica se suma el deterioro de las condiciones de vida. El acuerdo contemplaba rehabilitar redes de agua, electricidad y alcantarillado, pero buena parte de la población sigue sin suministro regular, expuesta a aguas residuales, plagas y enfermedades. OCHA identificó en las últimas dos semanas 9.300 casos de varicela, en un contexto de hacinamiento y alta inseguridad alimentaria. La expansión militar israelí también amenaza la entrega de ayuda. Según OCHA, el avance de la llamada Línea Amarilla, que delimita la ocupación, “pone en peligro la labor humanitaria”. En un testimonio difundido por la ONU, un residente gazatí resumió la incertidumbre de miles de familias: “Nos dicen que esto es ahora la Línea Amarilla. ¿Qué se supone que tenemos que hacer?”. Mientras la Junta de Paz liderada por Donald Trump prepara refugios humanitarios en zonas bajo control israelí, el futuro de Gaza continúa atrapado entre exigencias de desarme, bombardeos, bloqueo institucional y una población civil que sigue pagando el costo más alto del conflicto. Fuente: ADN Radio Nacional
Nueve meses después de la tregua anunciada en Gaza, el escenario humanitario en la Franja sigue siendo crítico. Aunque el acuerdo contemplaba el alto el fuego, la entrada de ayuda humanitaria, el desarme progresivo de Hamás y la retirada gradual del ejército israelí, la mayoría de esos puntos permanece sin cumplirse. Según autoridades sanitarias gazatíes, más de 1.100 personas han muerto desde el inicio de la tregua, mientras Israel continúa con bombardeos diarios, operaciones selectivas y una ocupación terrestre que reduce cada vez más el espacio disponible para la población civil. Según consigna El País, la oficina de la ONU para los Asuntos Humanitarios (OCHA) alertó además que el acceso al agua potable es hoy una de las mayores preocupaciones de las familias. En medio del bloqueo político, Hamás anunció la disolución de su Gobierno en Gaza, una de las condiciones incluidas en la hoja de ruta impulsada por Washington. Su portavoz, Hazem Qassem, afirmó que el movimiento palestino dio “un nuevo paso al dejar el mando de la Franja”, presentando la decisión como un intento de desbloquear la aplicación del acuerdo. El vocero añadió que con esa medida “eliminamos así cualquier pretexto de la ocupación, que mantiene su agresión y su guerra de exterminio”. Sin embargo, el nuevo comité tecnocrático previsto para administrar temporalmente Gaza aún no ha podido ingresar al enclave, mientras Israel exige que el desarme de Hamás ocurra antes de avanzar en cualquier otra etapa del pacto. La crisis golpea especialmente a la población civil. Desde 2023, las autoridades gazatíes reportan al menos 73.221 fallecidos, cifra que la ONU toma como referencia, con una amplia mayoría de víctimas civiles y un tercio correspondiente a niños. El Ministerio de Sanidad local denunció además que el 70% de las ambulancias está fuera de servicio tras años de asedio. A la emergencia médica se suma el deterioro de las condiciones de vida. El acuerdo contemplaba rehabilitar redes de agua, electricidad y alcantarillado, pero buena parte de la población sigue sin suministro regular, expuesta a aguas residuales, plagas y enfermedades. OCHA identificó en las últimas dos semanas 9.300 casos de varicela, en un contexto de hacinamiento y alta inseguridad alimentaria. La expansión militar israelí también amenaza la entrega de ayuda. Según OCHA, el avance de la llamada Línea Amarilla, que delimita la ocupación, “pone en peligro la labor humanitaria”. En un testimonio difundido por la ONU, un residente gazatí resumió la incertidumbre de miles de familias: “Nos dicen que esto es ahora la Línea Amarilla. ¿Qué se supone que tenemos que hacer?”. Mientras la Junta de Paz liderada por Donald Trump prepara refugios humanitarios en zonas bajo control israelí, el futuro de Gaza continúa atrapado entre exigencias de desarme, bombardeos, bloqueo institucional y una población civil que sigue pagando el costo más alto del conflicto. Fuente: ADN Radio Nacional
