La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados ha aprobado y enviado a Sala el proyecto de ley (boletín 16300) que busca ampliar la figura de la legítima defensa privilegiada a los funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública que se encuentren en calidad de franco. El objetivo principal de esta moción parlamentaria es extender los límites y la aplicación de la ley 21.560, conocida como Naín Retamal. En su redacción actual, esta normativa establece una presunción de legítima defensa únicamente para los efectivos policiales, de Gendarmería y militares cuando están en servicio activo de orden y seguridad pública interior, dejando desprotegidos legalmente a aquellos que actúan para repeler un ataque estando fuera de servicio. Para abordar esta laguna legal, el nuevo proyecto especifica que esta presunción jurídica también se aplicará a los funcionarios que, estando en franco, repelan o eviten una agresión que ponga en peligro su integridad física, su vida o la de terceros. Además, la iniciativa legaliza que esta acción defensiva o protectora pueda llevarse a cabo legítimamente mediante el uso de armas u otros medios defensivos proporcionales al ataque enfrentado. Durante el proceso legislativo, el debate se centró en dos indicaciones presentadas para limitar el alcance de esta figura jurídica. La primera indicación, propuesta por el diputado Patricio Pinilla, buscaba restringir la protección a agresiones con armas o ataques perpetrados por dos o más personas, excluyendo la presunción si la agresión ya había terminado o si el funcionario estaba suspendido. La segunda indicación, del diputado Raúl Leiva, sugería que la legítima defensa operara siempre que la acción del funcionario en franco se llevara a cabo estrictamente en cumplimiento de su deber o para mantener el orden público. Ambas enmiendas fueron rechazadas por la comisión, argumentando que imponer demasiadas restricciones podría dejar fuera situaciones reales de riesgo que son precisamente las que inspiran esta ley. En línea con esto, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, respaldó mantener la redacción original del proyecto. Durante su intervención, el ministro afirmó que especificar hipótesis de aplicación puede dejar desprotegidos a funcionarios policiales en casos no previstos, sosteniendo que el texto aprobado permite abarcar una mayor variedad realista de escenarios de riesgo. Fuente: ADN Radio Nacional
La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados ha aprobado y enviado a Sala el proyecto de ley (boletín 16300) que busca ampliar la figura de la legítima defensa privilegiada a los funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública que se encuentren en calidad de franco. El objetivo principal de esta moción parlamentaria es extender los límites y la aplicación de la ley 21.560, conocida como Naín Retamal. En su redacción actual, esta normativa establece una presunción de legítima defensa únicamente para los efectivos policiales, de Gendarmería y militares cuando están en servicio activo de orden y seguridad pública interior, dejando desprotegidos legalmente a aquellos que actúan para repeler un ataque estando fuera de servicio. Para abordar esta laguna legal, el nuevo proyecto especifica que esta presunción jurídica también se aplicará a los funcionarios que, estando en franco, repelan o eviten una agresión que ponga en peligro su integridad física, su vida o la de terceros. Además, la iniciativa legaliza que esta acción defensiva o protectora pueda llevarse a cabo legítimamente mediante el uso de armas u otros medios defensivos proporcionales al ataque enfrentado. Durante el proceso legislativo, el debate se centró en dos indicaciones presentadas para limitar el alcance de esta figura jurídica. La primera indicación, propuesta por el diputado Patricio Pinilla, buscaba restringir la protección a agresiones con armas o ataques perpetrados por dos o más personas, excluyendo la presunción si la agresión ya había terminado o si el funcionario estaba suspendido. La segunda indicación, del diputado Raúl Leiva, sugería que la legítima defensa operara siempre que la acción del funcionario en franco se llevara a cabo estrictamente en cumplimiento de su deber o para mantener el orden público. Ambas enmiendas fueron rechazadas por la comisión, argumentando que imponer demasiadas restricciones podría dejar fuera situaciones reales de riesgo que son precisamente las que inspiran esta ley. En línea con esto, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, respaldó mantener la redacción original del proyecto. Durante su intervención, el ministro afirmó que especificar hipótesis de aplicación puede dejar desprotegidos a funcionarios policiales en casos no previstos, sosteniendo que el texto aprobado permite abarcar una mayor variedad realista de escenarios de riesgo. Fuente: ADN Radio Nacional
