Estados Unidos ha tomado una decisión que afecta directamente a las exportaciones chilenas al imponer un arancel del 12,5%. Sin embargo, esta medida esconde un trasfondo diplomático desconocido hasta ahora. En el marco de una investigación por trabajo forzoso impulsada por la administración de Donald Trump, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) propuso a Chile la suscripción de un Agreement on Reciprocal Trade (ART). Este acuerdo bilateral habría permitido a las exportaciones chilenas acceder a un arancel general del 10%, estableciendo esta cifra como un mínimo permanente para el comercio entre ambas naciones. Aceptar esta condición implicaba sepultar el arancel cero consagrado en el Tratado de Libre Comercio (TLC) vigente desde 2004. La Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), liderada por Paula Estévez, determinó que esta alternativa era incompatible con el pacto comercial y con el derecho internacional, fundamentos clave de la política exterior chilena. Tras evaluar la propuesta, la Subrei convocó a los principales gremios exportadores del país para definir una estrategia conjunta. Hubo consenso en rechazar la sobretasa del 10%, ya que esto habría significado poner en riesgo el TLC actual. El equipo negociador chileno, respaldado por el canciller Francisco Pérez Mackenna y el Presidente José Antonio Kast, rechazó la viabilidad del ART. Mientras otros países como Argentina, El Salvador y Taiwán optaron por suscribir este tipo de acuerdos tarifarios, Chile prefirió mantener conversaciones técnicas para negociar producto por producto y lograr exclusiones específicas más favorables. A pesar de los esfuerzos técnicos liderados por Estévez y el diálogo directo con Jamieson Greer, representante comercial estadounidense, Washington decidió finalmente aplicar un arancel del 12,5%. Esta medida se basó en la falta de normativa interna en Chile que prohíba de manera integral la importación de mercancías elaboradas con trabajo forzoso. A pesar de esta situación, la diplomacia chilena mantiene abierta la posibilidad de retomar las conversaciones en el futuro, siempre respetando los tratados suscritos. Fuente: ADN Radio Nacional
Estados Unidos ha tomado una decisión que afecta directamente a las exportaciones chilenas al imponer un arancel del 12,5%. Sin embargo, esta medida esconde un trasfondo diplomático desconocido hasta ahora. En el marco de una investigación por trabajo forzoso impulsada por la administración de Donald Trump, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) propuso a Chile la suscripción de un Agreement on Reciprocal Trade (ART). Este acuerdo bilateral habría permitido a las exportaciones chilenas acceder a un arancel general del 10%, estableciendo esta cifra como un mínimo permanente para el comercio entre ambas naciones. Aceptar esta condición implicaba sepultar el arancel cero consagrado en el Tratado de Libre Comercio (TLC) vigente desde 2004. La Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), liderada por Paula Estévez, determinó que esta alternativa era incompatible con el pacto comercial y con el derecho internacional, fundamentos clave de la política exterior chilena. Tras evaluar la propuesta, la Subrei convocó a los principales gremios exportadores del país para definir una estrategia conjunta. Hubo consenso en rechazar la sobretasa del 10%, ya que esto habría significado poner en riesgo el TLC actual. El equipo negociador chileno, respaldado por el canciller Francisco Pérez Mackenna y el Presidente José Antonio Kast, rechazó la viabilidad del ART. Mientras otros países como Argentina, El Salvador y Taiwán optaron por suscribir este tipo de acuerdos tarifarios, Chile prefirió mantener conversaciones técnicas para negociar producto por producto y lograr exclusiones específicas más favorables. A pesar de los esfuerzos técnicos liderados por Estévez y el diálogo directo con Jamieson Greer, representante comercial estadounidense, Washington decidió finalmente aplicar un arancel del 12,5%. Esta medida se basó en la falta de normativa interna en Chile que prohíba de manera integral la importación de mercancías elaboradas con trabajo forzoso. A pesar de esta situación, la diplomacia chilena mantiene abierta la posibilidad de retomar las conversaciones en el futuro, siempre respetando los tratados suscritos. Fuente: ADN Radio Nacional
