El Presidente de la República, José Antonio Kast, rubricó el día de ayer un proyecto de reforma constitucional que tiene como objetivo instaurar exámenes obligatorios de drogas para diversas autoridades políticas y establecer la destitución del cargo en caso de obtener un resultado positivo. La propuesta, presentada en el Palacio de La Moneda, plantea que los controles se realicen al inicio del mandato y posteriormente de forma periódica. Además, introduce como nueva causa constitucional la “cesación en el cargo de autoridades en caso de consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas ilícitas”. Esta normativa abarcará a ministros, subsecretarios, senadores, diputados, gobernadores regionales, consejeros regionales, delegados presidenciales, alcaldes y concejales. En caso de ser aprobada, el mecanismo establecerá un estándar uniforme para las autoridades del Ejecutivo, el Congreso y las administraciones regionales y municipales. El Gobierno argumentó que la legislación actual contempla algunos mecanismos de control, pero no una obligación general ni consecuencias uniformes ante la detección de consumo. Según la minuta oficial, esta falta “impide contar con un estándar común aplicable a las autoridades comprendidas en la presente reforma”. Otro punto clave es que “los resultados de dichos exámenes serán públicos”. Además, cualquier resultado positivo por consumo de sustancias ilícitas será motivo de destitución, cuya aplicación específica deberá ajustarse a las normativas que se establezcan posteriormente. La propuesta iniciará su proceso legislativo en el Congreso, donde necesitará el respaldo correspondiente al tratarse de una modificación constitucional. Durante el debate se definirán aspectos como la frecuencia de los controles, los protocolos para la toma de muestras, la posibilidad de contramuestras y el procedimiento para llevar a cabo la destitución. Fuente: ADN Radio Nacional
El Presidente de la República, José Antonio Kast, rubricó el día de ayer un proyecto de reforma constitucional que tiene como objetivo instaurar exámenes obligatorios de drogas para diversas autoridades políticas y establecer la destitución del cargo en caso de obtener un resultado positivo. La propuesta, presentada en el Palacio de La Moneda, plantea que los controles se realicen al inicio del mandato y posteriormente de forma periódica. Además, introduce como nueva causa constitucional la “cesación en el cargo de autoridades en caso de consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas ilícitas”. Esta normativa abarcará a ministros, subsecretarios, senadores, diputados, gobernadores regionales, consejeros regionales, delegados presidenciales, alcaldes y concejales. En caso de ser aprobada, el mecanismo establecerá un estándar uniforme para las autoridades del Ejecutivo, el Congreso y las administraciones regionales y municipales. El Gobierno argumentó que la legislación actual contempla algunos mecanismos de control, pero no una obligación general ni consecuencias uniformes ante la detección de consumo. Según la minuta oficial, esta falta “impide contar con un estándar común aplicable a las autoridades comprendidas en la presente reforma”. Otro punto clave es que “los resultados de dichos exámenes serán públicos”. Además, cualquier resultado positivo por consumo de sustancias ilícitas será motivo de destitución, cuya aplicación específica deberá ajustarse a las normativas que se establezcan posteriormente. La propuesta iniciará su proceso legislativo en el Congreso, donde necesitará el respaldo correspondiente al tratarse de una modificación constitucional. Durante el debate se definirán aspectos como la frecuencia de los controles, los protocolos para la toma de muestras, la posibilidad de contramuestras y el procedimiento para llevar a cabo la destitución. Fuente: ADN Radio Nacional
