La Corte Suprema programó para el lunes 7 de abril la audiencia en la que se resolverá el desafuero de la diputada Catalina Pérez, quien está siendo investigada por su presunta participación en el caso Democracia Viva. Este proceso determinará si la parlamentaria pierde su inmunidad parlamentaria y si puede ser formalizada por el Ministerio Público. La solicitud de desafuero surge tras la investigación que vincula a Pérez con un convenio por más de $400 millones aprobado por la Seremi de Vivienda de Antofagasta, durante la gestión de Carlos Contreras, exjefe de gabinete de la diputada. La Fiscalía acusa a Pérez de haber jugado un rol clave en la adjudicación de estos recursos, lo que ha complicado su situación judicial. Cabe mencionar que la Corte de Apelaciones de Antofagasta había rechazado anteriormente la solicitud de desafuero, pero la defensa de Pérez apeló ante la Corte Suprema, argumentando que la decisión carecía de fundamento legal. En las últimas semanas, han surgido nuevas pruebas que podrían comprometer a la diputada, incluyendo conversaciones filtradas en las que discutió estrategias con Daniel Andrade, su expareja y fundador de Democracia Viva, para manejar la crisis comunicacional tras el estallido del caso. En estos chats, la diputada sugiere medidas para dar la impresión de que la fundación operaba de manera regular.
La Corte Suprema programó para el lunes 7 de abril la audiencia en la que se resolverá el desafuero de la diputada Catalina Pérez, quien está siendo investigada por su presunta participación en el caso Democracia Viva. Este proceso determinará si la parlamentaria pierde su inmunidad parlamentaria y si puede ser formalizada por el Ministerio Público. La solicitud de desafuero surge tras la investigación que vincula a Pérez con un convenio por más de $400 millones aprobado por la Seremi de Vivienda de Antofagasta, durante la gestión de Carlos Contreras, exjefe de gabinete de la diputada. La Fiscalía acusa a Pérez de haber jugado un rol clave en la adjudicación de estos recursos, lo que ha complicado su situación judicial. Cabe mencionar que la Corte de Apelaciones de Antofagasta había rechazado anteriormente la solicitud de desafuero, pero la defensa de Pérez apeló ante la Corte Suprema, argumentando que la decisión carecía de fundamento legal. En las últimas semanas, han surgido nuevas pruebas que podrían comprometer a la diputada, incluyendo conversaciones filtradas en las que discutió estrategias con Daniel Andrade, su expareja y fundador de Democracia Viva, para manejar la crisis comunicacional tras el estallido del caso. En estos chats, la diputada sugiere medidas para dar la impresión de que la fundación operaba de manera regular.
