Una reciente auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) ha revelado una serie de irregularidades administrativas dentro de Carabineros, específicamente en la contratación y fiscalización de los funcionarios que se desempeñan como oficiales de justicia de la institución policial. El informe INVE N° 540 de 2025, centrado en la Dirección Nacional de Personal de Carabineros durante el año 2024, ha puesto al descubierto problemas en las jornadas laborales y en las contrataciones adicionales por resolución (CPR), detectando anomalías que van en contra de la normativa vigente. El hallazgo más relevante del informe indica que, de un total de 144 abogados que trabajaban como oficiales de justicia y cuyas remuneraciones conjuntas superaron los $5.540 millones durante 2024, un grupo de 36 funcionarios mantenía simultáneamente un segundo contrato CPR por 22 horas semanales adicionales, percibiendo más de $1.944 millones por esta vía. La Contraloría verificó que estos 36 profesionales realizaban exactamente las mismas labores en ambos contratos, lo cual va en contra de la normativa pública. Según el dictamen N°13.912 de 2017 de la CGR, una contratación adicional solo es permitida cuando se trata de funciones distintas a las del contrato principal. Ante esta situación, se ha ordenado ajustar las designaciones. Si la jornada de 22 horas resulta insuficiente, corresponderá al General Director de Carabineros actualizar el documento para cubrir las necesidades del servicio, recordando que los oficiales tienen la obligación de extender su jornada ordinaria cuando sea necesario. La auditoría también ha revelado una severa deficiencia en la fiscalización interna. En las inspecciones en terreno, se constató que 23 de los 36 funcionarios con doble contrato no contaban con registros de asistencia ni sistemas de control horario, lo que impidió a la Contraloría verificar si cumplían con las horas por las cuales estaban siendo remunerados con recursos del Estado. Además, se descubrió que 5 funcionarios emitieron boletas por más de $43 millones a particulares durante 2024. A nivel general, 23 oficiales emitieron boletas por más de $434 millones por actividades ajenas a Carabineros. A pesar de que el ejercicio de labores privadas no es necesariamente una infracción, la ausencia de registros imposibilita determinar si dichos trabajos particulares se realizaron fuera del horario laboral institucional. Por último, el informe alertó sobre pagos en exceso a dos funcionarios por montos significativos. Ante esto, la Contraloría tomará acciones legales para exigir la restitución del dinero mediante un reparo y Carabineros deberá informar sobre los resultados de una investigación disciplinaria interna para determinar responsabilidades administrativas. Fuente: ADN Radio Nacional
Una reciente auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) ha revelado una serie de irregularidades administrativas dentro de Carabineros, específicamente en la contratación y fiscalización de los funcionarios que se desempeñan como oficiales de justicia de la institución policial. El informe INVE N° 540 de 2025, centrado en la Dirección Nacional de Personal de Carabineros durante el año 2024, ha puesto al descubierto problemas en las jornadas laborales y en las contrataciones adicionales por resolución (CPR), detectando anomalías que van en contra de la normativa vigente. El hallazgo más relevante del informe indica que, de un total de 144 abogados que trabajaban como oficiales de justicia y cuyas remuneraciones conjuntas superaron los $5.540 millones durante 2024, un grupo de 36 funcionarios mantenía simultáneamente un segundo contrato CPR por 22 horas semanales adicionales, percibiendo más de $1.944 millones por esta vía. La Contraloría verificó que estos 36 profesionales realizaban exactamente las mismas labores en ambos contratos, lo cual va en contra de la normativa pública. Según el dictamen N°13.912 de 2017 de la CGR, una contratación adicional solo es permitida cuando se trata de funciones distintas a las del contrato principal. Ante esta situación, se ha ordenado ajustar las designaciones. Si la jornada de 22 horas resulta insuficiente, corresponderá al General Director de Carabineros actualizar el documento para cubrir las necesidades del servicio, recordando que los oficiales tienen la obligación de extender su jornada ordinaria cuando sea necesario. La auditoría también ha revelado una severa deficiencia en la fiscalización interna. En las inspecciones en terreno, se constató que 23 de los 36 funcionarios con doble contrato no contaban con registros de asistencia ni sistemas de control horario, lo que impidió a la Contraloría verificar si cumplían con las horas por las cuales estaban siendo remunerados con recursos del Estado. Además, se descubrió que 5 funcionarios emitieron boletas por más de $43 millones a particulares durante 2024. A nivel general, 23 oficiales emitieron boletas por más de $434 millones por actividades ajenas a Carabineros. A pesar de que el ejercicio de labores privadas no es necesariamente una infracción, la ausencia de registros imposibilita determinar si dichos trabajos particulares se realizaron fuera del horario laboral institucional. Por último, el informe alertó sobre pagos en exceso a dos funcionarios por montos significativos. Ante esto, la Contraloría tomará acciones legales para exigir la restitución del dinero mediante un reparo y Carabineros deberá informar sobre los resultados de una investigación disciplinaria interna para determinar responsabilidades administrativas. Fuente: ADN Radio Nacional
