El Gobierno logró un importante avance legislativo al obtener la aprobación de la denominada megarreforma o Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico Social, la cual ahora está lista para convertirse en ley una vez concluido el proceso constitucional y administrativo correspondiente. La última norma pendiente fue aprobada por el Senado, permitiendo al Ejecutivo cerrar la tramitación de un proyecto que avanzó rápidamente gracias a la urgencia legislativa impuesta por La Moneda. A pesar del despacho de la iniciativa, uno de los puntos más polémicos continúa generando debate. Se trata del mecanismo diseñado para compensar a las municipalidades por la pérdida de ingresos derivada de la exención del pago de contribuciones para la primera vivienda de adultos mayores de 65 años. Esta fórmula ha dividido al mundo municipal, con algunos alcaldes respaldando el acuerdo alcanzado con el Ejecutivo, mientras que otros advierten que la compensación no garantiza recursos equitativos para todas las comunas, lo que podría profundizar las diferencias entre municipios con diferentes niveles de ingresos. La controversia no termina con la aprobación del proyecto. Varios municipios han anunciado su intención de recurrir al Tribunal Constitucional (TC) para impugnar parte de la normativa, especialmente el mecanismo de compensación fiscal. Además, la oposición ha presentado requerimientos contra aspectos tributarios y medioambientales que consideran contrarios a la Constitución. En paralelo, el Ejecutivo planea presentar vetos presidenciales sobre algunas normas incorporadas durante la discusión parlamentaria, incluyendo disposiciones relacionadas con el derecho al olvido financiero, la prohibición del anatocismo y el mecanismo de pago a 30 días para las pequeñas y medianas empresas. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, señaló que si bien estas medidas pueden parecer atractivas, podrían tener efectos económicos negativos, por lo que el Gobierno buscará modificarlas antes de la promulgación definitiva de la ley. La megarreforma es la principal apuesta económica del Gobierno actual e incorpora medidas como la rebaja gradual del impuesto de primera categoría para las empresas, la reintegración del sistema tributario y un régimen de invariabilidad tributaria para grandes inversiones. Aunque se celebra como un hito para impulsar la inversión y el crecimiento económico, el debate continuará en el Tribunal Constitucional y con la discusión de los vetos presidenciales, lo que podría retrasar la entrada en vigencia de algunas disposiciones más controvertidas. Fuente: Publimetro
El Gobierno logró un importante avance legislativo al obtener la aprobación de la denominada megarreforma o Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico Social, la cual ahora está lista para convertirse en ley una vez concluido el proceso constitucional y administrativo correspondiente. La última norma pendiente fue aprobada por el Senado, permitiendo al Ejecutivo cerrar la tramitación de un proyecto que avanzó rápidamente gracias a la urgencia legislativa impuesta por La Moneda. A pesar del despacho de la iniciativa, uno de los puntos más polémicos continúa generando debate. Se trata del mecanismo diseñado para compensar a las municipalidades por la pérdida de ingresos derivada de la exención del pago de contribuciones para la primera vivienda de adultos mayores de 65 años. Esta fórmula ha dividido al mundo municipal, con algunos alcaldes respaldando el acuerdo alcanzado con el Ejecutivo, mientras que otros advierten que la compensación no garantiza recursos equitativos para todas las comunas, lo que podría profundizar las diferencias entre municipios con diferentes niveles de ingresos. La controversia no termina con la aprobación del proyecto. Varios municipios han anunciado su intención de recurrir al Tribunal Constitucional (TC) para impugnar parte de la normativa, especialmente el mecanismo de compensación fiscal. Además, la oposición ha presentado requerimientos contra aspectos tributarios y medioambientales que consideran contrarios a la Constitución. En paralelo, el Ejecutivo planea presentar vetos presidenciales sobre algunas normas incorporadas durante la discusión parlamentaria, incluyendo disposiciones relacionadas con el derecho al olvido financiero, la prohibición del anatocismo y el mecanismo de pago a 30 días para las pequeñas y medianas empresas. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, señaló que si bien estas medidas pueden parecer atractivas, podrían tener efectos económicos negativos, por lo que el Gobierno buscará modificarlas antes de la promulgación definitiva de la ley. La megarreforma es la principal apuesta económica del Gobierno actual e incorpora medidas como la rebaja gradual del impuesto de primera categoría para las empresas, la reintegración del sistema tributario y un régimen de invariabilidad tributaria para grandes inversiones. Aunque se celebra como un hito para impulsar la inversión y el crecimiento económico, el debate continuará en el Tribunal Constitucional y con la discusión de los vetos presidenciales, lo que podría retrasar la entrada en vigencia de algunas disposiciones más controvertidas. Fuente: Publimetro
