Tras una larga audiencia desarrollada la jornada del martes en el Juzgado de Garantía de La Ligua, la Unidad Regional Anticorrupción (URAC) logró formalizar a quince imputados, nueve de ellos funcionarios de Carabineros de distintas unidades de la región , además de particulares, por los delitos de cohecho y soborno.

La formalización estuvo a cargo del Fiscal Claudio Rebeco, Jefe de URAC y Maricel Correa, abogada de la unidad, quienes fueron exponiendo todos los antecedentes que buscaban explicar los hechos investigados. En una primera etapa se presentaron los antecedentes normativos que rigen en Carabineros, como los deberes de probidad, para luego exponer los 13 hechos investigados.

Al respecto el fiscal Claudio Rebeco expresó que a través de "interceptaciones  telefónicas, análisis de cuentas corrientes y otras diligencias se pudo establecer que los primeros (particulares vinculados al rubro del transporte) entregaron distintas sumas de dinero a los funcionarios de Carabineros para asegurar la realización del servicio policial de escolta a camiones con carga sobredimensionada de manera rápida y preferente. E infringiendo en ocasiones deberes de denuncia ante irregularidades detectadas en el tránsito de los mismos vehículos de carga".

El fiscal Rebeco detalló durante la audiencia las conductas desplegadas tanto por los particulares como por Carabineros que "obrando en el ejercicio de sus funciones y en algunos casos con infracción a los deberes del cargo, solicitaron y/o aceptaron recibir de particulares sumas variables, para coordinar o ejecutar de manera directa o a través de otros funcionarios la realización de un servicio policial de escolta preferente, fuera de los días u horas permitidos, o sin contar con la documentación en regla. Además de no cursar infracciones de acuerdo con la ley de tránsito y más normas relativas a la circulación de transporte de carga. Y ejercer influencia en otros funcionarios públicos para obtener de ellos las conductas descritas anteriormente o cualquiera otra actuación en favor de un tercero".

El Juzgado de Garantía acogió la solicitud de cautelares propuestas por el Ministerio Público y otorgó para todos los imputados arraigo nacional y firma mensual. Además, para los cinco imputados que tenían participación en más hechos, dos civiles y tres carabineros, se decretó además el arresto domiciliario nocturno. Se estableció un plazo de investigación de cuatro meses.