El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero Vega, asumió el 11 de enero de este año, y en este corto tiempo ya ha debido impulsar cambios tales como poner en marcha el Servicio de Reinserción Social Juvenil, además de liderar el proyecto que refuerza las competencias de Gendarmería, y la iniciativa que desnotariza numerosos trámites.

Junto con lo anterior, el ministro explicó que de la mano del ministerio han desarrollado un plan de infraestructura que incluye la construcción del nuevo edificio nacional del Servicio Médico Legal, además de la finalización de la construcción de la Cárcel La Laguna, en Talca, que es la obra penitenciaria más grande de Sudamérica.

Al respecto, el secretario de Estado dijo que "nuestra labor ha sido intensa y desafiante desde el primer día, partiendo por la tramitación de un conjunto de cuerpos legales muy relevantes: Estamos abordando un proyecto de ley -hoy en primer trámite en la Cámara- que refuerza las competencias de Gendarmería de Chile en la lucha contra la criminalidad organizada, desrigidizando la intervención de la institución como auxiliar de la investigación penal y permitiendo aportar cuando las bandas criminales interrelacionan de alguna manera con el exterior de las cárceles para seguir cometiendo delitos". 

A lo anterior sumó que eso lo hacen en paralelo "con un conjunto de medidas, que incluyen la suscripción de un convenio con el Ministerio Público y Gendarmería de Chile que permite optimizar el intercambio de información para mejorar la persecución penal de bandas de crimen organizado. Por otro lado, también se está ejecutando un proyecto piloto con la Subsecretaría del Interior y el Ministerio Público que ha permitido la designación de un fiscal preferente para diez focos delictuales identificados en establecimientos penitenciarios a lo largo del país".

Y en cuanto al trabajo de la desnotarización informó que han reactivado el  proyecto de ley que suprime o modifica la intervención de notarios en trámites, actuaciones y gestiones determinadas. "Se trata de disminuir los trámites o diligencias que deben realizarse ante o por un notario, a través de la eliminación, en diversos cuerpos legales, del requisito de escritura pública o de autorizar firmas ante notario en casos en que se ha estimado que ello no resulta indispensable para el buen cumplimiento de dichos trámites o diligencias.

Esta iniciativa se vincula directamente con el mejoramiento del acceso a la justicia y con la Agenda de Productividad, por la vía de facilitar las gestiones de los emprendedores".

Y en otra línea de las medidas en las que trabajan dijo que "estamos participando activamente también en la tramitación del proyecto que establece medidas contra la discriminación. La iniciativa está orientada a fortalecer la prevención de la discriminación, y promover y garantizar de mejor manera el principio de igualdad, dotando de mayor eficacia a la acción de no discriminación arbitraria que consagra la ley...Hemos presentado indicaciones en lo relativo al perfeccionamiento de la acción judicial antidiscriminación; y, por otra parte, hemos trabajado una propuesta para responder a la demanda dada en la discusión parlamentaria con respecto a contar con una institucionalidad adecuada para darle cumplimiento a los fines de la ley". 

Trabajo que el ministro Cordero detalló  se ha dado en coordinación con agrupaciones de la sociedad civil que abogan contra la discriminación, "con especial foco hacia los grupos históricamente violentados: LGBTIQA+, discapacitados, religiosos, entre otros".