16 de mayo de 2025
Con el objetivo de resguardar la seguridad de las comunidades y prevenir desbordes en cauces naturales, la Dirección General de Aguas (DGA) del Ministerio de Obras Públicas (MOP) ordenó el cierre de bocatomas y el retiro de elementos adicionales en captaciones de agua entre las regiones de Atacama y Magallanes. La medida, que regirá desde el 15 de mayo hasta el 15 de septiembre -con algunas excepciones en La Araucanía, Aysén y Magallanes-, responde a un esfuerzo preventivo ante posibles crecidas derivadas de las lluvias del periodo otoño-invierno.
Rodrigo Sanhueza, director general de Aguas del MOP, explicó que la DGA tiene la facultad de emitir esta instrucción para proteger la vida y la infraestructura pública y privada. "Incorporamos una excepción para avanzar en la recarga de nuestras aguas subterráneas, permitiendo la operación de canales para acuíferos bajo monitoreo constante y en coordinación con SENAPRED", detalló Sanhueza.
Por su parte, el Seremi de Obras Públicas, Dennys Mendoza, señaló que los equipos del MOP están desplegados para atender las emergencias en cursos de agua. "La Dirección de Obras Hidráulicas realiza labores preventivas en canales y esteros, mientras que la DGA ha ordenado el cierre de bocatomas mediante Resolución Exenta N°709, un conjunto de medidas que considera el cambio climático y la protección de la flora y fauna local", indicó Mendoza.
La resolución establece criterios mínimos para el cierre de bocatomas, incluyendo el uso de materiales adecuados en captaciones rústicas y la habilitación de cauces de descarga para evitar desbordes. Además, las organizaciones responsables de tranques y embalses deberán tomar medidas para garantizar la seguridad de las áreas circundantes.
Las organizaciones de usuarios deberán informar a las Direcciones Regionales de Aguas los datos de contacto del encargado del control de bocatoma y compuerta del canal. Además, quienes se acojan a la operación excepcional para abastecimiento, generación de energía o recarga de acuíferos, deberán cumplir estrictos requisitos de mantención y monitoreo para operar durante las lluvias.
El incumplimiento de estas medidas podrá derivar en multas que van desde 51 UTM ($3.501.048) hasta 500 UTM ($34.324.000), además de las posibles acciones civiles o penales correspondientes.