Red Noticias V Región

21 de octubre de 2026

Núñez pide endurecer penas a casas de apuestas ilegales

Se propone aumentar penas de cárcel hasta 15 años, multas de hasta 10.000 UTM y bloqueo judicial permanente para casas de apuestas ilegales.

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La indicación presentada por la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), contempla penas de hasta 15 años de cárcel, multas de hasta 10.000 UTM y bloqueo judicial permanente para los operadores ilegales en el proyecto que regula las apuestas en línea.

Esta propuesta busca endurecer las sanciones contra los operadores ilegales e impedir que continúen funcionando mediante cambios de dominio. Además, establece un mecanismo de bloqueo judicial permanente y sanciones contra quienes administren, financien o promocionen estos negocios de manera ilegal.

A diferencia del modelo que entrega licencias a operadores privados, Núñez propone mantener la explotación digital de los juegos autorizados exclusivamente en manos de Polla Chilena de Beneficencia y Lotería de Concepción, dentro de las actividades permitidas por sus respectivas leyes.

"Esta discusión no puede reducirse a cuánto dinero podría recaudar el Estado. Tenemos que preguntarnos quién controla estas plataformas, adónde van los recursos y qué ocurre con las familias que terminan atrapadas en la adicción y el endeudamiento", afirmó.

Núñez pide cárcel y bloqueo permanente a casas de apuestas ilegales

Las penas más altas se aplicarían en casos agravados, como la captación deliberada de menores de edad o la continuidad de operaciones ilegales mediante mecanismos destinados a evadir una orden judicial. También se consideran agravantes cuando existan vínculos con organizaciones criminales o se utilicen identidades falsas y sociedades ficticias para ocultar a los responsables.

Otro punto central es la creación de un procedimiento ante un ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel para ordenar el bloqueo permanente de sitios y aplicaciones mientras se mantengan las condiciones que justificaron la medida.

Las restricciones podrían extenderse a nuevos dominios, previa verificación judicial. Los proveedores tendrían un plazo máximo de 48 horas para cumplir las órdenes.

"Cambiar de nombre, aplicación o dirección no puede ser una forma para eludir la justicia", sostuvo Núñez.

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